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México, D.F 10 de Agosto 2012.-La Procuraduría General de la República (PGR) expresó su “preocupación” por la liberación del capo sinaloense Rafael Caro Quintero por órdenes de un tribunal colegiado en materia penal y anunció que ya analiza cualquier recurso legal que se pueda interponer contra dicha determinación.
Mediante un comunicado difundido 15 horas después de que se concretara la liberación del capo, la PGR consideró que el amparo concedido por un tribunal colegiado a Caro Quintero fue excesivo, ya que no se tomó en cuenta un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para no sobreseer procesos penales por razones de incompetencia.
De acuerdo con el titular de PGR, el Máximo Tribunal del país emitió un criterio para que en caso de que una persona sea juzgada por el fuero equivocado, el expediente sea remitido al fuero que le corresponde, con el fin de evitar la absolución sin juicio de un presunto criminal.
“De haber aplicado el criterio de la Corte, debió haber remitido el expediente al juez que estimara competente para que conociera del juicio, pues de la manera en que sucedió, produce la absolución sin juicio por un juez que el mismo tribunal consideró incompetente”, señaló.
El amparo concedido a Rafael Caro Quintero señala que este debió ser procesado y sentenciado por un juzgado del fuero común por el doble homicidio del ex agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y su piloto, Alfredo Zavala Avelar, ya que la PGR no pudo acreditar que estuvieran debidamente registrados en nuestro país como personal consular o diplomáticos de carrera.
Para el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de Jalisco, derivado de que la PGR no pudo demostrar la calidad de servidores públicos de Camarena y Zavala, el juicio penal en su contra no debió considerarse de carácter federal, a pesar de que el agente encubierto de la DEA era de origen extranjero.
Sin embargo, para la PGR el juicio penal debió reponerse en el fuero que el propio tribunal colegiado consideró procedente, es decir, en el fuero común, con el propósito de que el asesinato del ex agente de la DEA fuera castigado conforme a derecho.
“El Procurador ordenó analizar la interposición de los recursos que en términos de ley sean procedentes, en razón de la gravedad de los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado, cuyas víctimas todavía reclaman justicia”, concluye el comunicado de la dependencia.
